Seguridad Ciudadana

Sistema penitenciario. La sobrepoblación carcelaria paso de 0.8% en el año 2006, a 1% en el año 2008, aumento a 23.4% en el 2010, y a 36.1% en el 2012, con aproximadamente 13.167 personas privadas de libertad, afirma la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia y Paz. En atención al aumento de la población penitenciaria que se ha experimentado en los últimos años, se hace necesaria la acción inmediata del Gobierno de la República para lograr su reducción y ubicar al país dentro de los índices normales que señalan los organismos internacionales de derechos humanos.

Política criminal. Política criminal. Desde el año 1998 con la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal hasta la fecha se han dado gran diversidad de reformas penales en el ámbito penal, verbigracia, con la incorporaron a nuestro Código Penal de los delitos bursátiles, además de una muy clara tendencia en la política criminal de nuestro país en materia sustantiva para aumentar el poder punitivo del Estado, esto mediante la agregación de nuevos tipos penales, el aumento del ámbito de cobertura de otros ya existentes, el aumento de pena o la combinación de alguna de las medidas anteriores, y esa tendencia también se plasma en reformas de leyes especiales y en materia procesal.

Administración de la justicia. Administración de la Justicia. Conforme a las estadísticas del Poder Judicial la mora judicial, sea la tardanza en alcanzar y cumplir el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida, en la última década ha venido en ascenso, en el año 2003 con 492.605 asuntos, para el 2007 alcanzó 494.553 asuntos, siendo la materia civil, de familia, contenciosa administrativa, penal y de pensiones alimentarias donde se percibe mayores pendientes; en el año 2009 con 624.105 y en el 2012 ascendió a 835.492 asuntos, incrementándose en lo civil (cobro judicial), pero continúa en aumento la jurisdicción de familia, pensiones alimenticias y laboral, por otro lado, se percibe una disminución en lo penal y lo contencioso administrativo.

Acciones

1. Trabajo penitenciario y de una política penitenciaria con vigilancia extracarcelaria, del mejoramiento de la infraestructura.

2. Establecimiento del sistema de educación técnica y la resocialización con visión de género; y fortalecimiento de capacidades en materia penal juvenil.

3. Dictado y ejecución de una política legislativa penal y criminal actualizada, integral y racional de la pena.

4. La oralidad, el arbitraje, y procesos ágiles con la toma de medidas tutelares y cautelares, excepto en lo penal y lo contencioso administrativo.

5. Se debe unificar y codificar adecuadamente la ley penal, despenalización conductas menores siempre que no medie violencia, deben penalizarse más o, alternativamente, fijarse en el límite superior de la pena, los delitos dolosos donde se aplique violencia sobre las personas, independientemente de la cuantía de lo sustraído o de la naturaleza principal del delito y análisis de reincidencias.

6.  Política de multas para infracciones administrativas, y deberán revisarse y simplificarse los procesos de ejecución de sentencias.

7. Establecimiento de mecanismos que fortalezcan la toma de medidas alternativas de solución de conflictos y uso adecuado de las tecnologías de la información.

8. Además de una política de atención de víctimas y testigos, también la especialización de la jurisdicción de crimen organizado, el fortalecimiento del Ministerio Público y el O.I.J.

9. Revisión integral del régimen disciplinario y reclutamiento judicial y fomento de la justicia restaurativa; y una política c/ la corrupción e impunidad desde lo local hasta lo nacional.

10. En los procesos civiles, agrarios y laborales deben establecerse jueces de resolución inmediata que resuelvan oralmente, al iniciarse el proceso y con la comparecencia de las partes, sobre la controversia planteada; quienes podrán dictar resolución sobre el fondo o, en su lugar, establecer medidas cautelares ejecutorias. La resolución podrá ser apelada y revisada por los tribunales y por el procedimiento ordinario. En caso de apelación, cuando se haya dictado resolución de fondo, está se ajustará y se le dará carácter de medida cautelar.

La idea de seguridad encierra necesariamente disputa, controversia, polémica, ya que se denomina un "concepto básicamente controvertible”. La consideración de la seguridad como un objetivo relativo más que como un recurso absoluto, es otro elemento que debe tenerse en cuenta, lo cierto es que sí se debe ante todo apostar a la prevención, al fortalecimiento del tejido social, a la mayor convivencia y al respeto del Estado de Derecho. La seguridad ciudadana es una de las más importantes responsabilidades del Estado. En razón de esto planteamos lo siguiente:

Conflictividad. Si bien la deserción estudiantil paso de un 7.2% en el 2006 a 5.7% en el 2010, las brechas sociales entre ricos y pobres se ensanchan, según el Informe de Desarrollo Humano 2013 del PNUD, el 48% de la población costarricense percibe menor acceso a las oportunidades o algún grado de discriminación, en razón de su edad, religión, sexo, discapacidad y otros factores, esto genera desequilibrios interpersonales y sociales que promueven una confrontación colectiva.

Violencia. La violencia genera inseguridad ciudadana como un resultado multifactorial, para ilustrar con datos, en cuanto a los femicidios se reporta 1 caso en el 2006, aumenta a 18 en el 2008, pasa a 40 en el 2010 y baja a 18 en el 2012, además la tasa de homicidios por c/100 mil habitantes ha variado de 8.2% en el 2006, aumentando a 11.2% en el 2008, aumentando a 11.5% en el 2010 y bajo al 8.9% en 2012, lo anterior de acuerdo a las Estadísticas Judiciales del OIJ-2013.

Criminalidad. El crimen organizado, los carteles de la droga y en general las bandas delincuenciales han ido migrando de los países cercanos a la región para instalarse en el istmo, aumentando con eso los problemas vinculados con la producción, trasiego y consumo de drogas, armas, y trata de personas, conforme a la información del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) el lavado de dinero paso de $4 millones en el 2006, a $3.915 millones en el 2008, y a $4.145.320 en el 2010.

Institucionalidad. Un componente vital en la promoción de la seguridad ciudadana, la gobernabilidad, justicia y paz es el fortalecimiento, protección y resguardo de la institucionalidad democrática, combatiendo el debilitamiento del aparato estatal para prevenir, mitigar y reprimir el crimen. Pero no es con políticas de mano dura, ni con una proliferación de legislación descoordinada, mucho menos con una política de represión y aumento de penas.

Operatividad Policial. Según reportes del Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía, nuestro país cuenta con aproximadamente 14.000 oficiales de la Fuerza Pública. Según la Contraloría General de la República la Liquidación de Presupuesto en diciembre de 2012 fue de 157.190.731.889; para agosto 2013 de 200.660.000.000; y para el 2014 de 226.718.000.000, donde se demuestra un aumento en los recursos pero al mismo tiempo una significativa sub-ejecución presupuestaria, según la Memoria Anual de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto del Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía.

Acciones

1. Mejorar el acceso efectivo al sistema educativo y oportunidades laborales. Mejorar espacios públicos (parques, espacios de recreación, paradas, etc.), iluminados y vigilados.

2. Dictado y ejecución de una política coherente, no prohibicionista sobre portación, tenencia y uso de armas, así como la promoción de vigilancia electrónica y seguridad privada.

3. Fortalecer con asesoría técnica, acompañamiento y fuentes de recursos la seguridad comunitaria y las redes locales y comunales de prevención de violencia intrafamiliar. Promover la intervención en zonas de mayores índices de criminalidad y desarticular redes, pandillas y organizaciones criminales.

4. Procurar una política regional y hemisférica contra la fabricación, venta y trasiego de armas ilegales y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

5. Favoreceremos programas de apoyo a zonas deprimidas y socialmente vulnerables; y los programas de vigilancia terrestre, fronteriza, portuaria, marítima y aérea para el control del trasiego de drogas, armas y personas.

6. Fortaleceremos las fuentes de recursos para seguridad privada por medio de la emisión de carnés de portación de armas y agentes de seguridad. Convertir el Archivo Policial en el Archivo Nacional de Huellas. La Ley de Extinción de dominio y de tasas e impuestos a las personas jurídicas, casinos, call center, que generen recursos frescos.

7. Intensificaremos el equipamiento de las fuerzas policiales; también una política de reclutamiento, selección, capacitación, y profesionalización de todos los cuerpos policiales con visión proactiva y comunitaria.

8. Promulgaremos y ejecutaremos una política de migración coherente, que permita residencia a personas productivas y que contribuyan al país y desestimulen el ingreso de personas extranjeras que podrían lesionar el tejido social.

9. Revisaremos y analizaremos el rol y desempeño de la Policía de Control de Drogas, la DIS y demás organismos de combate al narcotráfico.

10. Fomentaremos la creación del Patronato de Construcciones, y mejora de los sistemas de contratación administrativa policial.

Me comprometo a ayudar a forjar la Costa Rica del futuro: un país de paz y seguridad, laborioso e innovador, con plena vigencia de los derechos humanos y de los deberes ciudadanos.

Rodolfo Piza

Este país espera retomar el camino costarricense.

Este país espera un Gobierno que sea capaz de unirnos sin exclusiones, sin barricadas, sin polarizar a la sociedad con experimentos de izquierda o de derecha radicales. Este país quiere un Gobierno que recupere la unidad nacional. No queremos más divisiones entre el sí y el no.

Conozca el Camino Costarricense